Juez determina nueva detención preventiva para Gabriela Zapata

El juez Noveno de Instrucción en lo Cautelar, Jorge Castillo, determinó hoy la detención preventiva de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, por el caso trata y tráfico de personas por el supuesto hijo que tuvo con el jefe de Estado. Ésta debe cumplirse en la cárcel de mujeres de Miraflores, luego de que no acreditara domicilio, trabajo o familia, informó la Fiscalía.

Actualmente Zapata está con detención preventiva en la cárcel de Miraflores por el caso de uso indebido de influencias y otros delitos por el uso irregular de los ambientes de la unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, proceso en el que también está implicada la exjefa de esa entidad, Cristina Choque.

"Yo estoy tranquila porque yo no he participado de esto. A mí me han utilizado. Yo voy a demostrar quién estaba detrás de todo esto", indicó Zapata al salir de su audiencia.

Su abogado, Marcelo Tamayo, afirmó que "Gabriela ha sido utilizada con fines netamente políticos".

Zapata es investigada por supuesta trata de personas, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictuosa, tras una denuncia interpuesta por el abogado del presidente Evo Morales, Gastón Velásquez.

La denuncia surge luego de que la defensa del presidente Morales denunciara que Zapata y sus abogados emplearon a un niño para suplantar al supuesto hijo de ambos ante la jueza de la niñez y adolescencia el pasado 12 de abril. Además se presentó a éste ante el canal de televisión internacional CNN.

La fiscal Susana Boyán aseguró, según un boletín de prensa del Ministerio Público, que la imputada en coordinación con Ximena Fortún, propietaria de la casa donde vivía, y María del Carmen Arce y Pilar Guzmán, ambas tías espirituales, además de Claudio Rivera y Wilson Garrido, familiares de Guzmán, fraguaron la presentación del hijo de Isela Chávez y Víctor Vega, por lo que todos los sindicados fueron detenidos preventivamente en distintos centros penitenciarios.

Del caso también son investigados los exabogados de Zapata, Eduardo León y William Sánchez.

La audiencia de Zapata debía realizarse el pasado 16 de enero, pero se suspendió luego de que la exgerenta de la empresa china CAMC asistiera sin sus abogados.

Suman denuncias contra tribunos en el Legislativo

Suman denuncias contra magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Juan Oswaldo Valencia y Zenón Bacarreza fueron denunciados ante la Asamblea Legislativa por el ex técnico de Transparencia del Consejo de la Magistratura en Potosí, Pedro Cayo, por haber revocado como última instancia, un fallo que ordenaba su restitución inmediata a su cargo y el pago de sus salarios devengados tras ser cesado de funciones por haber denunciado hechos de corrupción en el Consejo de la Magistratura.

Cayo, en su denuncia de 20 de enero ante la presidencia de la Cámara de Diputados, considera que la sentencia firmada por los dos magistrados, vulnera no sólo las garantías constitucionales sino también sus derechos fundamentales violados inicialmente por las autoridades del Consejo de la Magistratura denunciados oportunamente pero que no fueron tutelados.

En su memorial, el denunciante reiteró que algunas autoridades del Consejo de la Magistratura, ahora suspendidas del cargo, en 2015 tomaron represalias en su contra debido a que en su condición de Técnico de Transparencia denunció hechos de corrupción contra un ex servidor público de esta institución en Potosí, Félix Córdoba Lezcano, quien fue acusado en febrero de 2015 y recientemente condenado a ocho años de prisión.

Agrega que desde el momento de la acusación las represalias eran más evidentes y fueron denunciadas ante varias instancias del Estado hasta llegar a la acción de Amparo Constitucional; en primera instancia, un Tribunal de Garantías de Potosí, falló a su favor, dejando sin efecto la cesación a su cargo de Técnico de Transparencia y ordenando su restitución inmediata con el pago sus salarios devengados.

Sin embargo, cinco meses después, un fallo del Tribunal Constitucional, firmado por Valencia y Bacarreza, revocó esa resolución “con argumentos violatorios a sus derechos fundamentales”.

“Era evidente que mi persona fue víctima de vulneración en sus derechos constitucionales en razón de haber denunciado actos de corrupción que implicaba a un ex servidor público allegado al consejero Freddy Sanabria, que después fue presidente del Consejo de la Magistratura”, asegura Cayo.

Los actos de represalia en el ámbito laboral fueron denunciados ante el Ministerio de Trabajo, que emitió una resolución de protección laboral que disponía su reincorporación, misma que fue desobedecida por el Consejo de la Magistratura por lo accionó un amparo constitucional.

En esa instancia, Cayo dice que se vulneraron más aún los principios constitucionales e incurriendo en actos delictivos por parte de los dos magistrados, a raíz de lo cual los denunció por supuesto uso indebido de influencias, prevaricato y falsedad ideológica.

Este diario intentó comunicarse ayer sin éxito.

Valencia tiene dos denuncias en su contra en la Asamblea Legislativa, por hechos supuestamente cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Recientemente, cuatro consejeros de la Magistratura fueron suspendidos de funciones por la supuesta comisión de delitos en la designación de un juez en La Paz; el juicio será el próximo mes en el Senado.

No restituyen a personas que revelaron corrupción

Varios funcionarios del Órgano Judicial perdieron su fuente laboral tras denunciar hechos de corrupción y no fueron restituidos pese a haber recurrido a la justicia constitucional por vulneración de derechos.

Sólo en el Consejo de la Magistratura, se conoce de dos ex funcionarios que denunciaron a un ex técnico de la Unidad de Políticas en Potosí, sentenciado a ocho años de prisión por extorsionar al personal administrativo y jurisdiccional, pero ellos siguen sin trabajo.

Es el caso del ex Técnico de Transparencia del Consejo de la Magistratura en Potosí, Pedro Cayo, de la ex funcionaria Carmen Martínez y otros que se enfrentaron a funcionarios de confianza de altas autoridades nacionales involucradas en supuestos hechos de corrupción y fueron echados.

Según la sentencia que determinó ocho años de prisión contra Félix Córdoba, ex técnico de la Unidad de Políticas de Gestión del Consejo de la Magistratura de Potosí, Cayo y Martínez se constituyeron en testigos de cargo en la denuncia; después de más de tres años el caso terminó con una condena a este ex funcionario que está prófugo y no asumió defensa.

Consultado sobre la situación laboral de estas personas despedidas por denunciar actos de corrupción, el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque anunció que serán restituidos a nuevos cargos luego de que cada caso sea tratado en Sala Plena.

“Se podría designarlos en nuevos cargos, está en análisis en Sala Plena, es discutible si corresponde o no”, agregó Choque.

Ambos ex funcionarios, recurrieron al Ministerio de Trabajo que en septiembre de 2016 dispuso medidas de protección para ambos trabajadores, lo que implica la restitución a su fuente laboral y el pago de salarios adeudados y demás beneficios sociales por ley.

Esta resolución, firmada por el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, no fue cumplida por las autoridades del Consejo de la Magistratura.

Carmen Martínez, en su memorial ante el Ministerio de Trabajo, pidió protección porque después de ocho años de trabajo en el Consejo de la Magistratura de Potosí, fue obligada a tomar sus vacaciones de 41 días en marzo de 2015 y quedó cesada del cargo luego de constituirse en denunciante y testigo de la denuncia del entonces técnico de Transparencia del Consejo de la Magistratura de Potosí, Pedro Cayo, en contra de Félix Córdoba.

Desde entonces, tanto Cayo como Martínez, apelaron ante el mismo Consejo, el Tribunal Constitucional y la misma Fiscalía pidiendo protección, pero ninguna institución les respondió favorablemente, según sus documentos de denuncia.

En el caso de Cayo, los denunciados le iniciaron procesos penales que salieron con rechazo en la Fiscalía.

Mantienen congelado el presupuesto judicial 2017

El presupuesto del Órgano Judicial para este año se mantiene congelado en Bs 796 millones por lo que no se abrirán nuevos juzgados y las autoridades judiciales tendrán que realizar ajustes internos para algunos ítems de jueces con recursos propios. El Notariado Plurinacional le adeuda un monto de más de Bs 35 millones que deben ser desembolsados anualmente.

En los últimos cinco años, el Estado no modificó el techo presupuestario judicial que llega a 0,59% del Presupuesto General de la Nación. Empero, aprobó nuevas leyes que requieren más juzgados y más personal.

El director General Administrativo y Financiero del Órgano Judicial, Roger Palacios, señaló que el presupuesto para esta gestión es de Bs 796 millones, similar a la anterior gestión, para el funcionamiento del servicio de justicia en Bolivia.

“No contamos con presupuesto para la creación de ningún juzgado más, desde 2012 al 31 diciembre de 2015 se crearon alrededor de 1.000 cargos con recursos propios, juzgados y tribunales”, señaló Palacios haciendo un repaso de los nuevos ítems creados en los últimos años con recursos propios.

Ante esta situación, agregó que se está proyectando la gestión de los recursos de la dirección del Notariado Plurinacional, que no fueron desembolsados hasta el momento, para solucionar las necesidades en el servicio de justicia.

El año pasado, Palacios dijo que en los últimos tres años el Órgano Judicial dejó de percibir Bs 94 millones de su presupuesto total; Bs 60 millones por la implementación de la gratuidad judicial y 35 millones por la Ley del Notariado.

Agregó que para la recuperación de los Bs 35 millones, se están realizando las gestiones correspondientes; se concluyó con los informes de auditoría y una vez revisados y aprobados por la Contraloría General del Estado tendrá que haber una reunión entre las máximas autoridades judiciales, del Ministerio de Justicia y del Notariado para establecer los procedimientos y plazos para el desembolso.

UN PROBLEMA

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, admitió que el problema de la administración de justicia es muy complejo. Todo implica recursos. Actualmente hay infraestructuras inconclusas, se inauguró en El Alto una megaconstrucción pero hay otras obras paralizadas por falta de recursos económicos.

De los 796 millones de presupuesto, un 60% corresponde a recursos propios y sólo el 40% al Tesoro General de la Nación (TGN).

Disponen reestructuración de salas en Agroambiental

El cambio de presidencia en el Tribunal Agroambiental (TA), donde la pasada semana asumió el mando el magistrado Javier Peñafiel, provocó una reestructuración en las salas, sobre todo en la Sala Segunda que estará presidida por la magistrada Daysi Villagómez, sus colegas Lucio Fuentes y Bernardo Guarachi.

En cambio la Sala Primera se mantiene bajo la presidencia del decano Ricardo Soto y las magistradas Patty Paucara y Cinthia Armijo.

El presidente Javier Peñafiel informó tras asumir la presidencia, en su reemplazo pasó a la Sala Segunda su antecesor Lucio Fuentes.

Peñafiel anunció un proceso de reducción de personal administrativo para generar recursos económicos para la creación de nuevos ítems de jueces a partir del próximo mes.

Se iniciaron las reuniones con la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) del Órgano Judicial y el Consejo de la Magistratura para determinar la cantidad de nuevos ítems a crearse tanto para jueces como para el personal de apoyo.

“La decisión está tomada, aún no tenemos definido cuánto de personal vamos a cesar”, dijo Peñafiel.

Interpol detecta en Riberalta a secuestrador prófugo

El ex mirista Marco Rodríguez Ortega (43) ha vuelto a dejar pistas de sus pasos. La última información oficial llegó a Chile en septiembre del año pasado, de manos de la oficina de Interpol La Paz. Ahí, se indicó que el prófugo de la justicia brasileña se encontraba en Bolivia y que había sido sorprendido intentando obtener una licencia de conducir con un documento falsificado.

Este antecedente se encuentra en la causa que se lleva en la Corte Suprema, en que se tramita la extradición pasiva de Rodríguez tras una solicitud de la justicia de Brasil.

El ex subversivo está en calidad de prófugo desde el 8 de octubre de 2010. Ese día, al igual que otros 20 mil reos, Rodríguez fue beneficiado con la salida temporal de la Penitenciaría de Itaí, ubicada a 287 kilómetros de Sao Paulo, para celebrar el Día del Niño junto a su familia.

Sin embargo, lo que debía ser una salida temporal se convirtió en la oportunidad que el ex mirista aprovechó para huir de la justicia. Según los antecedentes que se manejan de la justicia brasileña, Rodríguez está vinculado al llamado Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (EGP-PL) y se encuentra condenado a 30 años de cárcel por el secuestro del publicista Washington Olivetto, ocurrido el 11 de diciembre de 2001.

El líder de esta operación, llamada "Alondra”, fue el ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, alias el "Comandante Ramiro”, quien cumple su condena en la Prisión Federal de Mossoró, en el interior de Rio Grande do Norte. Este recinto penitenciario se encuentra a casi 6.000 kilómetros de Santiago.

Documento de la PDI

La nueva pista está en el informe policial 522/00202 del 3 de octubre. Ahí se indica que recibieron un mensaje de Interpol La Paz, indicando que "en el marco de cooperación internacional y la requerimiento de la Fiscalía de Beni, en Bolivia, agradecemos a vuestras autoridades informarnos y/o proporcionar la fotografía y la tarjeta de filiación del ciudadano chileno Marco Rodríguez Ortega, quien es investigado por el representante del Ministerio Público por el delito de uso de documentos falsificados”.

El documento añade que los detectives se comunicaron con un agente policial boliviano, quien les indicó que el 27 de septiembre Rodríguez "se habría presentado en la Provincia de Riveralta para consultar por la tramitación de una licencia de conducir boliviana, presentando un DNI boliviano N° 4580433, a nombre de Alejandro Juan Cajías Barrera, y luego aportando la cédula de identidad chilena, bajo la identidad de Marco Rodolfo Rodríguez Ortega”. Según el oficio, el ex mirista no terminó la tramitación del permiso y luego se le perdió nuevamente la pista.

Esta no es la única diligencia que ha realizado la PDI para dar con el paradero del prófugo. En agosto del año pasado, la policía civil remitió a la Corte Suprema un informe con todas las diligencias que se habían realizado en los últimos meses. En ese escrito, se da cuenta que el ltimo movimiento migratorio que existe sobre él data del 10 de octubre de 2010, cuando ingresó a Chile desde el paso fronterizo Sico San Pedro de Atacama, desde Argentina.

Los oficiales de Interpol también acudieron a cuatro domicilios de Santiago, en los que residen sus familiares, sin tener novedades.

Marco Rodríguez fue "objeto de investigación” en junio de 2013, en el marco de la investigación sobre el robo a un banco que se registró en la comuna de Pudahuel. Diversos antecedentes dieron cuenta que él pudo haber tenido alguna participación. No obstante, en esa ocasión finalmente el Ministerio Público no presentó cargos en su contra.

Envían a la cárcel a la alcaldesa de Guayaramerín

El juez José Luis Vaca ordenó la detención preventiva en la carceleta de Las Palmas de la alcaldesa de Guayaramerín, Helen Gorayeb, informaron medios locales.

Gorayeb fue aprehendida el martes en el proceso que se le sigue por el manejo de proyectos de la UPRE. Está acusada de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado en proyectos como la construcción de unidades educativas y un mercado.

Según un informe del Ministerio de Transparencia citado por Página Siete, la alcaldesa y otros funcionarios supuestamente favorecieron el pago irregular a una empresa.

Esposa de Eduardo León va a Sucre y denuncia a tres jueces

Graciela Mendoza, esposa de Eduardo León, exabogado de Gabriela Zapata, se fue hasta Sucre para denunciar formalmente ante la Fiscalía General del Estado, a los jueces Rubén Ramírez y Freddy Paz, vocales de la Sala Penal Segunda; y a la jueza Décimo Tercero de Instrucción Penal, Melina Lima Nina.

Según la querella presentada ayer, a dichos operadores de justicia se les acusa de vulnerar los derechos de León tras detenerlo preventivamente de modo irregular en la gestión pasada. "Por esa situación, sin conocer hasta el día de hoy una acusación alguna, mi esposo está detenido en la cárcel de San Pedro por más de ocho meses", señaló Mendoza.

Detalles del documento. Mendoza oficializa la denuncia después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó al TDJ emitir un nuevo fallo sobre la detención de León, advirtiendo que se vulneraron los derechos del abogado.

Según el memorial que cursa ya en el Ministerio Público, León señala que es un "abogado, preso y torturado político", por lo que abre querella por incumplimiento de deberes, prevaricato, retardación de justicia y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes.

Además, Mendoza informó que recogió el fallo del TCP, para con ello  se instale otra audiencia en la misma sala penal de La Paz para lograr la libertad de su esposo.

Vuelve a suspenderse juicio a Cusi hasta el 17 de enero

El juicio del exmagistrado del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, en la Cámara de Senadores se suspendió por tercera vez la mañana de hoy. Esta vez por la inasistencia de la senadora Carmen Eva González, quien no acudió por problemas de salud que fueron justificados en un certificado médico.

El Senado, en calidad de Tribunal de Sentencia, determinó que la nueva fecha de reanudación del juicio a Cusi será el próximo 17 de enero.

El exmagistrado está acusado por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, al dejar en suspenso, en 2014, la Ley del Notariado.

El juicio debía reinstalarse el pasado 1 de diciembre, pero los abogados de Cusi, Williams Bascopé, Víctor Hugo Chávez y Luis Fernández, solicitaron 10 días para analizar los 18 expedientes de la causa. La segunda suspensión se produjo porque el acusado tuvo problemas de salud a causa de la mortal enfermedad que lo aqueja.

Alistan tribunal que juzgará a consejeros de la magistratura

El Senado conformó el Tribunal de Sentencia, que juzgará a los miembros suspendidos del Consejo de la Magistratura. Estará  presidido por el senador Milton Barón (MAS) y tiene una mayoría oficialista, según la ANF.

El pleno del Senado aprobó una resolución camaral ayer por la tarde en la que se resolvió "elegir al senador Milton Leónidas Barón en calidad de presidente del Tribunal de Sentencia”, en el marco de la Ley 044 de Juzgamiento al Presidente, Vicepresidente y a altas autoridades judiciales.  Los consejeros que serán juzgados son: Cristina Mamani, Wilma Mamani, Roger Treviño y Freddy Sanabria, acusados por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes e incumplimiento de deberes, agregó la agencia.

La madrugada del 21 de diciembre de 2016, el pleno de la Cámara de Diputados suspendió temporalmente de sus funciones a los consejeros de la Magistratura. La acusación fue aprobada por 71 votos y remitida al Senado, donde se llevará adelante el juicio disciplinario, según la Ley 044 de juicio de responsabilidades para altas autoridades del Estado.

El proceso contra los magistrados surge a denuncia del abogado Eloy Felipe Toledo, quien, pese a ser elegido en febrero 2012 por el Consejo de la Magistratura como juez de Instrucción de Ixiamas, no fue posesionado en el cargo.