La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) presentó ayer una denuncia penal contra dos exinterventores de la empresa. Asimismo, el senador opositor Yerko Núñez se querelló contra la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, por delitos de afectación a la salud pública.
"El interventor Ing. Humberto Claure ha presentado denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de las exautoridades Rudy Rojas Fernández y Hugo Ramiro Gómez Quispe por los delitos de incumplimiento de deberes y atentados contra la seguridad de los servicios públicos”, dice un comunicado de EPSAS difundido ayer.
"Se investigará la responsabilidad de (Rojas y Gómez) en haber provocado la crisis de agua que sufre la ladera Este y la zona Sur de la ciudad de La Paz”, puntualiza el documento.
El pasado 16 de noviembre, la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, posesionó a Humberto Claure como interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), en remplazo de Rudy Rojas que ocupaba ese cargo desde enero de este año. Su antecesor, Gómez, ocupó ese cargo desde junio de 2015.
El lunes 1 de abril de 2013, el gobierno de Evo Morales inició la intervención de la operadora ante una "ineficiente gestión que la ha llevado al colapso”.
Así empezó un proceso de intervención, inicialmente de seis meses, que hasta la fecha ha sido ampliado en cuatro ocasiones. En tres años, EPSAS ha estado bajo la gerencia de cuatro interventores: Andrés Zegada, Humberto Claure, Hugo Gómez y Rudy Rojas.
Estas dos últimas autoridades son ahora procesadas por la crisis que explotó el pasado 8 de noviembre con el racionamiento de agua que EPSAS inició en 94 barrios de la ladera Este y de zona Sur. Actualmente estas zonas reciben agua por cañerías sólo tres horas cada tercer día.
Los cortes se ampliaron a la ladera Oeste y a El Alto, antes de que el Gobierno declare emergencia nacional por sequía y cree el Gabinete del Agua.
También ayer, el senador opositor Yerko Núñez presentó a la Fiscalía de La Paz una querella contra la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, por presuntos delitos de afectación a la salud pública e incumplimiento de deberes.
La denuncia del legislador se extiende en contra del exinterventor de EPSAS, Rudy Rojas, y los ejecutivos recientemente nombrados Humberto Claure y Víctor Hugo Rico, interventor en EPSAS y Autoridad de Fiscalización de Agua, respectivamente.
"La Ministra de Medio Ambiente y Agua estaba obligada a cumplir sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado”, las que debieron ser cumplidas con eficiencia y eficacia, principios de todo servidor público, señala el memorial que presentó en la Fiscalía.
domingo, 27 de noviembre de 2016
TSJ aprueba protocolo para juzgar con perspectiva de género.
El Pleno del Tribunal Supremo de Justicia aprobó en días pasados un protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. El objetivo de dicho protocolo es que garantice el juzgamiento desde una visión de igualdad de género como elemento esencial y de cumplimiento obligatorio.
Las magistradas Maritza Suntura, Norka Mercado y Rita Nava, integrantes de la comisión de Género del Órgano Judicial, manifestaron que este procedimiento está dirigido a juezas y jueces administradores de justicia de todo el país, para su estricto cumplimiento.
El Protocolo para juzgar con perspectiva de género establece disposiciones que promueven el goce y el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales desde una visión de igualdad de género, con el objeto de preservar el bienestar de mujeres y hombres, que establece que todas y todos somos iguales ante la ley, explicaron.
Las magistradas Maritza Suntura, Norka Mercado y Rita Nava, integrantes de la comisión de Género del Órgano Judicial, manifestaron que este procedimiento está dirigido a juezas y jueces administradores de justicia de todo el país, para su estricto cumplimiento.
El Protocolo para juzgar con perspectiva de género establece disposiciones que promueven el goce y el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales desde una visión de igualdad de género, con el objeto de preservar el bienestar de mujeres y hombres, que establece que todas y todos somos iguales ante la ley, explicaron.
domingo, 20 de noviembre de 2016
En La Paz investigan a otro fiscal por hechos de corrupción
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que investigarán al fiscal Miguel Robles del municipio de Caranavi, departamento de La Paz, por presuntamente haber extorsionado a una persona, según un audio.
Robles es acusado de extorsionar a las personas mediante un intermediario quien, según se escucha en un audio, pide grandes sumas de dinero para arrestar a "delincuentes”.
Una de las víctimas sufrió un robo de más de un millón de bolivianos en 2014 y, pese a que los supuestos delincuentes fueron identificados, Robles presuntamente mandó a pedir 40.000 bolivianos para arrestarlos.
"La Fiscalía Departamental de La Paz está pidiendo informes al fiscal asignado al caso (del fiscal Robles) para poder debatir, observar, deslindar y ver qué tipo de situaciones realmente existen (en este caso)”, señaló el fiscal Blanco.
Sin embargo, se reveló un video del mismo caso, que fue difundido en un canal de televisión. Supuestamente recibe una cantidad de dinero. Aún no se determinó el hecho.
"Antes de emitir un criterio formal, estamos pidiendo los informes respectivos porque se hablaría de un caso en el que aparentemente se tenía que emitir órdenes de aprehensión, pero eso lo vamos a analizar y luego ver qué vía corresponde tomar”, señaló la autoridad judicial.
Blanco remarcó que se hará un análisis del video para luego emitir una declaración oficial, pero dijo que cualquier acto de corrupción de funcionarios del Ministerio Público debe ser denunciado para su respectiva investigación.
"Ustedes ya han visto cuál ha sido el accionar del Ministerio Público, de limpiar hechos de corrupción, eso no quiere decir que este adelantando algún criterio contra el fiscal Robles ni contra ningún otro funcionario”, señaló Blanco, y además reiteró que el Ministerio Público no tolerará hechos de corrupción de ningún tipo, en la misma líneas que el fiscal general, Ramiro Guerrero.
Este caso sale a la luz después de otro de corrupción en el que el ahora exfiscal Ánghelo Saravia fue acusado de actos de corrupción cuando era abogado.
Según los denunciantes, Saravia estafó al menos 25.000 dólares a un excliente, entre otros hechos. Su defensa negó rotundamente estos extremos.
Hace pocos días, un juez determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el exfiscal por tres delitos.
El fiscal Guerrero señaló el miércoles que los fiscales no deben servirse de la gente y que cualquier hecho de corrupción será investigado.
Robles es acusado de extorsionar a las personas mediante un intermediario quien, según se escucha en un audio, pide grandes sumas de dinero para arrestar a "delincuentes”.
Una de las víctimas sufrió un robo de más de un millón de bolivianos en 2014 y, pese a que los supuestos delincuentes fueron identificados, Robles presuntamente mandó a pedir 40.000 bolivianos para arrestarlos.
"La Fiscalía Departamental de La Paz está pidiendo informes al fiscal asignado al caso (del fiscal Robles) para poder debatir, observar, deslindar y ver qué tipo de situaciones realmente existen (en este caso)”, señaló el fiscal Blanco.
Sin embargo, se reveló un video del mismo caso, que fue difundido en un canal de televisión. Supuestamente recibe una cantidad de dinero. Aún no se determinó el hecho.
"Antes de emitir un criterio formal, estamos pidiendo los informes respectivos porque se hablaría de un caso en el que aparentemente se tenía que emitir órdenes de aprehensión, pero eso lo vamos a analizar y luego ver qué vía corresponde tomar”, señaló la autoridad judicial.
Blanco remarcó que se hará un análisis del video para luego emitir una declaración oficial, pero dijo que cualquier acto de corrupción de funcionarios del Ministerio Público debe ser denunciado para su respectiva investigación.
"Ustedes ya han visto cuál ha sido el accionar del Ministerio Público, de limpiar hechos de corrupción, eso no quiere decir que este adelantando algún criterio contra el fiscal Robles ni contra ningún otro funcionario”, señaló Blanco, y además reiteró que el Ministerio Público no tolerará hechos de corrupción de ningún tipo, en la misma líneas que el fiscal general, Ramiro Guerrero.
Este caso sale a la luz después de otro de corrupción en el que el ahora exfiscal Ánghelo Saravia fue acusado de actos de corrupción cuando era abogado.
Según los denunciantes, Saravia estafó al menos 25.000 dólares a un excliente, entre otros hechos. Su defensa negó rotundamente estos extremos.
Hace pocos días, un juez determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el exfiscal por tres delitos.
El fiscal Guerrero señaló el miércoles que los fiscales no deben servirse de la gente y que cualquier hecho de corrupción será investigado.
Ministerio Público investiga a fiscal Robles, quien pidió la liberación de joven linchado en Reyes en 2014
El Ministerio Público inició un proceso de investigación al fiscal Miguel Robles, adscrito a la población de Caranavi, tras conocer una serie de denuncias de litigantes que acusan al funcionario de extorsión. Fue el mismo que pidió en 2014 la liberación del joven que fue victimado por una turba en la localidad beniana de Reyes, acusado de violación, la semana pasada.
“El Ministerio Público, de oficio, estamos pidiendo la información al fiscal Robles siguiendo el procedimiento porque también hay que entender que existen derechos y garantías constitucionales y procedimientos, pero siempre en el marco de celeridad, la objetividad y la verdad material. Se están pidiendo los informes necesarios para adoptar una medida”, dijo el fiscal departamental, Edwin Blanco, en declaraciones a la red ATB.
Robles, en diciembre de 2014, pidió a la Justicia el sobreseimiento y liberación de Elvis César Alcázar, el joven que la semana pasada fue linchado y muerto por una turba en la localidad beniana de Reyes, acusado de violar y matar a una niña. En ese entonces, Alcázar fue acusado en un caso de asesinato.
El fiscal está en el ojo de la tormenta. La red ATB desveló además que en Caranavi, población tropical ubicada a unos 165 kilómetros de la sede de gobierno, existe incluso una agrupación denominada “Asociación de Víctimas del fiscal Robles” que buscan su destitución.
Robles, en declaraciones a la misma red, dijo desconocer las acusaciones.
Según las denuncias de testigos que prefieren ocultar su identidad, la autoridad denunciada les informa a los litigantes que su caso “está muerto” y procede a extorsionarlos con el pago de dineros que fluctúan entre los $us 500 y $us 3.500 para reactivar los procesos.
El fiscal departamental Blanco subrayó que el Ministerio Público “ no tolerará” ningún hecho de corrupción al interior de la entidad. “ El lineamiento del Ministerio Público es la lucha contra la corrupción”, sostuvo. (18/11/2016)
“El Ministerio Público, de oficio, estamos pidiendo la información al fiscal Robles siguiendo el procedimiento porque también hay que entender que existen derechos y garantías constitucionales y procedimientos, pero siempre en el marco de celeridad, la objetividad y la verdad material. Se están pidiendo los informes necesarios para adoptar una medida”, dijo el fiscal departamental, Edwin Blanco, en declaraciones a la red ATB.
Robles, en diciembre de 2014, pidió a la Justicia el sobreseimiento y liberación de Elvis César Alcázar, el joven que la semana pasada fue linchado y muerto por una turba en la localidad beniana de Reyes, acusado de violar y matar a una niña. En ese entonces, Alcázar fue acusado en un caso de asesinato.
El fiscal está en el ojo de la tormenta. La red ATB desveló además que en Caranavi, población tropical ubicada a unos 165 kilómetros de la sede de gobierno, existe incluso una agrupación denominada “Asociación de Víctimas del fiscal Robles” que buscan su destitución.
Robles, en declaraciones a la misma red, dijo desconocer las acusaciones.
Según las denuncias de testigos que prefieren ocultar su identidad, la autoridad denunciada les informa a los litigantes que su caso “está muerto” y procede a extorsionarlos con el pago de dineros que fluctúan entre los $us 500 y $us 3.500 para reactivar los procesos.
El fiscal departamental Blanco subrayó que el Ministerio Público “ no tolerará” ningún hecho de corrupción al interior de la entidad. “ El lineamiento del Ministerio Público es la lucha contra la corrupción”, sostuvo. (18/11/2016)
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